Según afirma el CERMI, este retraso injustificado no favorece la promoción pública de las actividades altruistas y solidarias y resta apoyos a las entidades sociales que las fomentan.

 

La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, establecía en su disposición final sexta, que habilitaba al Gobierno para el desarrollo reglamentario, que este debía aprobar su reglamento de ejecución en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del texto legislativo. La demora supera los cuatro años.

 

El CERMI subrayó que trascurridos más de cinco años desde la promulgación de la ley, el Ejecutivo ha incumplido el mandato del legislador, estando aún pendiente la adopción de este reglamento general de ejecución, y sin una fecha cierta de aprobación.

 

Por lo tanto, el Comité, como representación del sector social de la discapacidad, donde el voluntariado está muy arraigado y extendido, “reclama al Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la inmediata aprobación de este texto reglamentario, sin más dilaciones ni demoras, en diálogo y consenso con el sector representativo del voluntariado, ya que sin desarrollo la ley pierde gran parte de su virtualidad y eficacia.